Vega Casillas fue diputado local y federal por Michoacán, originaria de Apatzingan o Apafganiztan, pero la administración foxista lo relegó a puestos menores: en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac), Michoacán, se desempeñó como Gerente de Comercialización, y luego fue Gerente Administrativo, ahì descubrió una mina de oro, la cual ahora explota.
Su superior inmediato, el entonces director general de la Apilac, era Juan Paratore García. En 2007, Vega Casillas pasó de subordinado a jefe cuando Felipe Calderón lo puso al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sustitución de Germán Martínez Cázares.
Ahí Vega Casillas nombró director general adjunto de Auditoría de Obra Pública a su exjefe, Paratore García. El puesto, inexistente hasta entonces, fue confeccionado a modo: se encarga de auditar toda inversión en el rubro, incluidas las obras que Vega y Paratore asignaron en la Apilac.
Antes de dirigir la Apilac, Juan Paratore había sido director de Obras Públicas del municipio de Veracruz en la administración del panista Julem Rementería del Puerto.
Ahora Rementería es coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): está a cargo de las delegaciones de la dependencia en los estados. Y colocó a Jesús Suverza –su contralor en la alcaldía veracruzana– como director de Planeación de Centros SCT.
Según el portal de la secretaría, la coordinación a cargo de Rementería es responsable de la “construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones” y de la “supervisión de los diversos servicios de Comunicaciones y Transportes”.
Una vez conocida la estructura de esta ilustre familia Michoacana veamos cómo opera.
Un reducido grupo de funcionarios panistas, una especie de “círculo azul” que rodea al Secretario de la Función Pública, adjudica las obras y luego las audita, lo que ha permitido que ciertas constructoras ganen la mayoría de las licitaciones multimillonarias del gobierno calderonista.
Felipe Calderón ha puesto especial interés presupuestal y discursivo en la creación de infraestructura. Al inaugurar el puente Albatros, dijo:
“Tan sólo en el potencial portuario del país, este año nada más, van 7 mil millones de pesos más. Obras en Tampico, en Altamira, en Tuxpan, en Veracruz, en Progreso, en Mazatlán, en Manzanillo y, desde luego aquí, en Lázaro Cárdenas”.
En el caso de los puertos la corrupción se encuentra a su máximo nivel o expresión a través de las Administraciones Portuarias Integrales a cargo de Alejandro Chacón, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante.
La ley es letra muerta y al cobijo de quien se supone debe vigilar la legalidad, pueden hacer absolutamente lo que les venga en gana, con impunidad garantizada florece la corrupción a su máxima expresión.
Caso aberrante como los de las Administraciones Portuarias Integrales, paraestatales encargadas de ejercer en los puertos el presupuesto en obra pública y adquisiciones, que enseguida se identifican, a plena luz del día violan la ley con la certeza de que se encuentra blindados al máximo nivel.
Desde Mérida hasta Ensenada y la corrupción como si nada las API’s de Coatzacoalcos, Guaymas, Progreso, Salina Cruz y Veracruz se encuentran en manos de servidores públicos –todos panistas y que se han mantenido en sus cargos pese a los cambios de titular en Comunicaciones y Transportes– han solapado sobreprecios, pagos excesivos, indebidos, en exceso, adelantados; manipulan las licitaciones, aplazan fallos, aplazan PRESENTACION DE PROPUESTAS, emiten fallos ilegales, asignan contratos a empresas sin capacidad técnica, económica y financiera; amplian montos y plazos después de asignado el contrato vía nota aclaratoria; omiten sanciones; etc.
Todo tipo de irregularidades, que escapan a los mecanismos de auditoría porque entre los empresarios metidos a servidores públicos hay algunos incrustados en el círculo cercano al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Los fallos que emiten, pese a los múltiples diferimientos, no reúnen ni siquiera los requisitos más esenciales de fundamentación y motivación, sin embargo no hay problema para eso ya se encuentra lista la Secretaría de la Función Pública para tras largo y engorrosos tramites declarar infundadas las inconformidades o bien fundadas pero sin materia, pues los contratos han sido ejecutados.
Así en este lodazal ciertos puercos mexicanos operan en nuestros litorales saqueando a las paraestatales con absoluta impunidad, pues si pretende solicitar información esta aparecerá como reservada o confidencial o de plano inexistente.
Con información de Arturo Rodríguez García
Revista Proceso
Edicion Mexico,
Presidencia
La reina de las licitaciones
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