miércoles, 17 de agosto de 2011
Portuario Mexicano: Sacrifican Jefe de Dpto en API SALINA CRUZ.
Portuario Mexicano: Sacrifican Jefe de Dpto en API SALINA CRUZ.: No solo la delincuencia organizada delata a sus integrantes y sacrifica o entrega parte de sus mercancías para justificar la labor de la aut...
martes, 16 de agosto de 2011
Sacrifican Jefe de Dpto en API SALINA CRUZ.
No solo la delincuencia organizada delata a sus integrantes y sacrifica o entrega parte de sus mercancías para justificar la labor de la autoridad de detención o confiscación, la delincuencia gubernamental también, aparenta el cumplimiento de la ley y hace el negocio perfecto sin que la autoridad encargada de la estricta aplicación de la ley, Secretaría de la Función Pública, haga nada.
Raúl Berinstain Espinoza, Director General de API SALINA CRUZ, manipula una licitación, aparenta el cumplimiento de la ley y obtiene ganancia millonaria en complicidad con ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V; IQUE SIDI CONSTRUCCIONES SA DE CV., el Ing. Ramón Antonio Díaz Velásquez, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de APISAL y otros.
Mediante convocatoria pública nacional LO-0009J3G999-N3-2011, el lugarteniente en Salina Cruz de Alejandro Chacón, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, licitó la Ampliación de la Bocana de 80 a 210 m de Plantilla, del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en la que participaron entre otras Distribuidora Industrial, Mantenimiento, Servicios Generales y Construcción Santa Ana, S.A. de C.V., en participación conjunta con Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V.
Inicialmente el contrato se había comprometido para la mencionada empresa quien se encontraba en primer lugar, pues contaban con información confidencial y de importancia proporcionada por el Ing. Ramón Antonio Díaz Velásquez, actual Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de APISAL y anteriormente empleado de Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V., al verse descubiertos optaron por diferir en varias ocasiones el fallo en lo que encontraban una solución.
Dicha solución resulto por demás conveniente, eliminar al segundo y tercer lugar y adjudicar el contrato al cuarto lugar ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $246’779.081.15, que a pesar de que el precio era casi 50 millones más alto, daba un margen de ganancia, pues la obra se subcontraría a Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V. y coparticipes.
Para tal efecto y aparentando el debido cumplimiento de la ley “casualmente” se percatan de que Antonio Díaz Velásquez, era empleado de Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V. y actualmente Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de APISAL.
Este es el “modus operandi” de la delincuencia gubernamental, que pasa desapercibido para los Organos Internos de Control (a cargo de haraganes que cobran por su silencio), empleados de contratistas que según la conveniencia colocan como servidores públicos y viceversa, pues APISAL no ha tenido la fortuna de que quede por el paso del Secretario de la Función Pública, que no se da abasto para que, en sus rondines de rutina a bordo de su camioneta blindada, vigile a quienes y como se adjudican las obras, tal y como sucedió con la Estela de Luz, caso idéntico en el que un ex empleado coordina desde dentro la licitación. Actualmente en cualquier licitación lo que se encuentra es una estela de corrupción.
Vega Casillas a bordo de su camioneta blindada al circular por Paseo de la Reforma “encuentra un desmadre” en la construcción del monumento la Estela de Luz.
El acto a todas luces de corrupción se pasa por alto, el Organo Interno de Control no procede con la sanción administrativa del desleal servidor público, ni tampoco da aviso a la Dirección General de Sanciones de la Secretaría de la Función Pública por lo que se refiere a la contratista.
Además, de que la ilegalidad de la adjudicación radica en el hecho de que ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V., e IQUE SIDI CONSTRUCCIONES SA DE CV., la primera española y, la segunda local, de la preferencia de APISAL a la que se le adjudica contratos pequeños e insignificantes, NO han realizado trabajos similares en cuanto a tipo, monto y características, es decir ninguna de ellas ha realizado una ESCOLLERA y sin embargo dicha aberración será consumada el próximo 22 de agosto del año en curso.
Raúl Berinstain Espinoza, Director General de API SALINA CRUZ, manipula una licitación, aparenta el cumplimiento de la ley y obtiene ganancia millonaria en complicidad con ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V; IQUE SIDI CONSTRUCCIONES SA DE CV., el Ing. Ramón Antonio Díaz Velásquez, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de APISAL y otros.
Mediante convocatoria pública nacional LO-0009J3G999-N3-2011, el lugarteniente en Salina Cruz de Alejandro Chacón, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, licitó la Ampliación de la Bocana de 80 a 210 m de Plantilla, del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en la que participaron entre otras Distribuidora Industrial, Mantenimiento, Servicios Generales y Construcción Santa Ana, S.A. de C.V., en participación conjunta con Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V.
Inicialmente el contrato se había comprometido para la mencionada empresa quien se encontraba en primer lugar, pues contaban con información confidencial y de importancia proporcionada por el Ing. Ramón Antonio Díaz Velásquez, actual Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de APISAL y anteriormente empleado de Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V., al verse descubiertos optaron por diferir en varias ocasiones el fallo en lo que encontraban una solución.
Dicha solución resulto por demás conveniente, eliminar al segundo y tercer lugar y adjudicar el contrato al cuarto lugar ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V., por un monto de $246’779.081.15, que a pesar de que el precio era casi 50 millones más alto, daba un margen de ganancia, pues la obra se subcontraría a Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V. y coparticipes.
Para tal efecto y aparentando el debido cumplimiento de la ley “casualmente” se percatan de que Antonio Díaz Velásquez, era empleado de Proveeduría de Servicios en General, Construcción y Mantenimiento de Obra Marítima y Terrestre LEFEURGA, S.A. de C.V. y actualmente Jefe del Departamento de Proyectos y Construcción de APISAL.
Este es el “modus operandi” de la delincuencia gubernamental, que pasa desapercibido para los Organos Internos de Control (a cargo de haraganes que cobran por su silencio), empleados de contratistas que según la conveniencia colocan como servidores públicos y viceversa, pues APISAL no ha tenido la fortuna de que quede por el paso del Secretario de la Función Pública, que no se da abasto para que, en sus rondines de rutina a bordo de su camioneta blindada, vigile a quienes y como se adjudican las obras, tal y como sucedió con la Estela de Luz, caso idéntico en el que un ex empleado coordina desde dentro la licitación. Actualmente en cualquier licitación lo que se encuentra es una estela de corrupción.
Vega Casillas a bordo de su camioneta blindada al circular por Paseo de la Reforma “encuentra un desmadre” en la construcción del monumento la Estela de Luz.
El acto a todas luces de corrupción se pasa por alto, el Organo Interno de Control no procede con la sanción administrativa del desleal servidor público, ni tampoco da aviso a la Dirección General de Sanciones de la Secretaría de la Función Pública por lo que se refiere a la contratista.
Además, de que la ilegalidad de la adjudicación radica en el hecho de que ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V., e IQUE SIDI CONSTRUCCIONES SA DE CV., la primera española y, la segunda local, de la preferencia de APISAL a la que se le adjudica contratos pequeños e insignificantes, NO han realizado trabajos similares en cuanto a tipo, monto y características, es decir ninguna de ellas ha realizado una ESCOLLERA y sin embargo dicha aberración será consumada el próximo 22 de agosto del año en curso.
martes, 9 de agosto de 2011
Portuario Mexicano: Vega Casillas y su Familia Michocána o Los Puert(c...
Portuario Mexicano: Vega Casillas y su Familia Michocána o Los Puert(c...: "Surge otra familia Michoacana más poderosa y ambiciosa, es la de Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, quien junto con M..."
Vega Casillas y su Familia Michocána o Los Puert(c)os Mexicanos
Surge otra familia Michoacana más poderosa y ambiciosa, es la de Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, quien junto con Martínez Salas (quien ahora encabeza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) hizo el programa en el que se basa el denominado “el sexenio de la infraestructura”, Julem Rementería y Jesús Suverza desde la SCT lo planean y ejecutan, y Paratore desde la SFP lo audita.
Vega Casillas fue diputado local y federal por Michoacán, originaria de Apatzingan o Apafganiztan, pero la administración foxista lo relegó a puestos menores: en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac), Michoacán, se desempeñó como Gerente de Comercialización, y luego fue Gerente Administrativo, ahì descubrió una mina de oro, la cual ahora explota.
Su superior inmediato, el entonces director general de la Apilac, era Juan Paratore García. En 2007, Vega Casillas pasó de subordinado a jefe cuando Felipe Calderón lo puso al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sustitución de Germán Martínez Cázares.
Ahí Vega Casillas nombró director general adjunto de Auditoría de Obra Pública a su exjefe, Paratore García. El puesto, inexistente hasta entonces, fue confeccionado a modo: se encarga de auditar toda inversión en el rubro, incluidas las obras que Vega y Paratore asignaron en la Apilac.
Antes de dirigir la Apilac, Juan Paratore había sido director de Obras Públicas del municipio de Veracruz en la administración del panista Julem Rementería del Puerto.
Ahora Rementería es coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): está a cargo de las delegaciones de la dependencia en los estados. Y colocó a Jesús Suverza –su contralor en la alcaldía veracruzana– como director de Planeación de Centros SCT.
Según el portal de la secretaría, la coordinación a cargo de Rementería es responsable de la “construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones” y de la “supervisión de los diversos servicios de Comunicaciones y Transportes”.
Una vez conocida la estructura de esta ilustre familia Michoacana veamos cómo opera.
Un reducido grupo de funcionarios panistas, una especie de “círculo azul” que rodea al Secretario de la Función Pública, adjudica las obras y luego las audita, lo que ha permitido que ciertas constructoras ganen la mayoría de las licitaciones multimillonarias del gobierno calderonista.
Felipe Calderón ha puesto especial interés presupuestal y discursivo en la creación de infraestructura. Al inaugurar el puente Albatros, dijo:
“Tan sólo en el potencial portuario del país, este año nada más, van 7 mil millones de pesos más. Obras en Tampico, en Altamira, en Tuxpan, en Veracruz, en Progreso, en Mazatlán, en Manzanillo y, desde luego aquí, en Lázaro Cárdenas”.
En el caso de los puertos la corrupción se encuentra a su máximo nivel o expresión a través de las Administraciones Portuarias Integrales a cargo de Alejandro Chacón, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante.
La ley es letra muerta y al cobijo de quien se supone debe vigilar la legalidad, pueden hacer absolutamente lo que les venga en gana, con impunidad garantizada florece la corrupción a su máxima expresión.
Caso aberrante como los de las Administraciones Portuarias Integrales, paraestatales encargadas de ejercer en los puertos el presupuesto en obra pública y adquisiciones, que enseguida se identifican, a plena luz del día violan la ley con la certeza de que se encuentra blindados al máximo nivel.
Desde Mérida hasta Ensenada y la corrupción como si nada las API’s de Coatzacoalcos, Guaymas, Progreso, Salina Cruz y Veracruz se encuentran en manos de servidores públicos –todos panistas y que se han mantenido en sus cargos pese a los cambios de titular en Comunicaciones y Transportes– han solapado sobreprecios, pagos excesivos, indebidos, en exceso, adelantados; manipulan las licitaciones, aplazan fallos, aplazan PRESENTACION DE PROPUESTAS, emiten fallos ilegales, asignan contratos a empresas sin capacidad técnica, económica y financiera; amplian montos y plazos después de asignado el contrato vía nota aclaratoria; omiten sanciones; etc.
Todo tipo de irregularidades, que escapan a los mecanismos de auditoría porque entre los empresarios metidos a servidores públicos hay algunos incrustados en el círculo cercano al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Los fallos que emiten, pese a los múltiples diferimientos, no reúnen ni siquiera los requisitos más esenciales de fundamentación y motivación, sin embargo no hay problema para eso ya se encuentra lista la Secretaría de la Función Pública para tras largo y engorrosos tramites declarar infundadas las inconformidades o bien fundadas pero sin materia, pues los contratos han sido ejecutados.
Así en este lodazal ciertos puercos mexicanos operan en nuestros litorales saqueando a las paraestatales con absoluta impunidad, pues si pretende solicitar información esta aparecerá como reservada o confidencial o de plano inexistente.
Con información de Arturo Rodríguez García
Revista Proceso
Edicion Mexico,
Presidencia
La reina de las licitaciones
Vega Casillas fue diputado local y federal por Michoacán, originaria de Apatzingan o Apafganiztan, pero la administración foxista lo relegó a puestos menores: en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac), Michoacán, se desempeñó como Gerente de Comercialización, y luego fue Gerente Administrativo, ahì descubrió una mina de oro, la cual ahora explota.
Su superior inmediato, el entonces director general de la Apilac, era Juan Paratore García. En 2007, Vega Casillas pasó de subordinado a jefe cuando Felipe Calderón lo puso al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sustitución de Germán Martínez Cázares.
Ahí Vega Casillas nombró director general adjunto de Auditoría de Obra Pública a su exjefe, Paratore García. El puesto, inexistente hasta entonces, fue confeccionado a modo: se encarga de auditar toda inversión en el rubro, incluidas las obras que Vega y Paratore asignaron en la Apilac.
Antes de dirigir la Apilac, Juan Paratore había sido director de Obras Públicas del municipio de Veracruz en la administración del panista Julem Rementería del Puerto.
Ahora Rementería es coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): está a cargo de las delegaciones de la dependencia en los estados. Y colocó a Jesús Suverza –su contralor en la alcaldía veracruzana– como director de Planeación de Centros SCT.
Según el portal de la secretaría, la coordinación a cargo de Rementería es responsable de la “construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones” y de la “supervisión de los diversos servicios de Comunicaciones y Transportes”.
Una vez conocida la estructura de esta ilustre familia Michoacana veamos cómo opera.
Un reducido grupo de funcionarios panistas, una especie de “círculo azul” que rodea al Secretario de la Función Pública, adjudica las obras y luego las audita, lo que ha permitido que ciertas constructoras ganen la mayoría de las licitaciones multimillonarias del gobierno calderonista.
Felipe Calderón ha puesto especial interés presupuestal y discursivo en la creación de infraestructura. Al inaugurar el puente Albatros, dijo:
“Tan sólo en el potencial portuario del país, este año nada más, van 7 mil millones de pesos más. Obras en Tampico, en Altamira, en Tuxpan, en Veracruz, en Progreso, en Mazatlán, en Manzanillo y, desde luego aquí, en Lázaro Cárdenas”.
En el caso de los puertos la corrupción se encuentra a su máximo nivel o expresión a través de las Administraciones Portuarias Integrales a cargo de Alejandro Chacón, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante.
La ley es letra muerta y al cobijo de quien se supone debe vigilar la legalidad, pueden hacer absolutamente lo que les venga en gana, con impunidad garantizada florece la corrupción a su máxima expresión.
Caso aberrante como los de las Administraciones Portuarias Integrales, paraestatales encargadas de ejercer en los puertos el presupuesto en obra pública y adquisiciones, que enseguida se identifican, a plena luz del día violan la ley con la certeza de que se encuentra blindados al máximo nivel.
Desde Mérida hasta Ensenada y la corrupción como si nada las API’s de Coatzacoalcos, Guaymas, Progreso, Salina Cruz y Veracruz se encuentran en manos de servidores públicos –todos panistas y que se han mantenido en sus cargos pese a los cambios de titular en Comunicaciones y Transportes– han solapado sobreprecios, pagos excesivos, indebidos, en exceso, adelantados; manipulan las licitaciones, aplazan fallos, aplazan PRESENTACION DE PROPUESTAS, emiten fallos ilegales, asignan contratos a empresas sin capacidad técnica, económica y financiera; amplian montos y plazos después de asignado el contrato vía nota aclaratoria; omiten sanciones; etc.
Todo tipo de irregularidades, que escapan a los mecanismos de auditoría porque entre los empresarios metidos a servidores públicos hay algunos incrustados en el círculo cercano al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Los fallos que emiten, pese a los múltiples diferimientos, no reúnen ni siquiera los requisitos más esenciales de fundamentación y motivación, sin embargo no hay problema para eso ya se encuentra lista la Secretaría de la Función Pública para tras largo y engorrosos tramites declarar infundadas las inconformidades o bien fundadas pero sin materia, pues los contratos han sido ejecutados.
Así en este lodazal ciertos puercos mexicanos operan en nuestros litorales saqueando a las paraestatales con absoluta impunidad, pues si pretende solicitar información esta aparecerá como reservada o confidencial o de plano inexistente.
Con información de Arturo Rodríguez García
Revista Proceso
Edicion Mexico,
Presidencia
La reina de las licitaciones
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