Atracar en el Puerto de Altamira es fácil si se tiene la experiencia y el conocimiento adecuado o la “maña”.
Desde la llegada del nuevo Director General de API ALTAMIRA, José Julian Dip Leos, la misión era y es muy clara saquear a la paraestatal, con la complacencia de las autoridades al mas alto nivel Salvador Vega Casillas, ex Gerente de Administración y Juan Paratore, ex Director General, ambos de API LAZARO CARDENAS.
Desde la Secretaría de la Función Pública se apoya y validan estos actos de corrupción inclusive se ha modificado la plataforma de COMPRANET para facilitar los actos de corrupción y propiciar la confusión en las compras gubernamentales.
Contrario a lo expresado por los expertos como Fernando Savater, en el sentido de que:
Si la impunidad no se ataca de manera adecuada debe erradicarse desde el más alto nivel de poder.
La impunidad se genera y propicia desde el mas alto nivel, simplemente vea casos como el del Instituto Nacional de Migraciòn en donde pese a que hay gente de Salvador Vega Casillas, por parte la Secretarìa de la Funciòn Pùblica, nunca saben nada y jamas se les hace responsables de no cumplir con su trabajo de velar por la correcta funciòn pública.
José Julian Dip, llegó a la Direcciòn General de API ALTAMIRA con una lista de colaboradrones, casualmente todos ellos provenientes del SAT, y la de cómplices, personas a las que favorecería con contratos y estos a su vez le devolverían el favor.
Obviamente en la lista debía incluir a gente de su jefe el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, entre ellos al Secretario Particular.
Fuente http://www.compranet.gob.mx/
Como puede verse el negocio es millonario y solo estamos hablando de dos o tres de las 16 API’S, por lo que se hacen todo tipo candados, adecuaciones, requisitos y trampas en las bases, de manera que se limite la libre concurrencia y crear un monopolio, al grado de hacer firmar a los concursantes un escrito en donde están de acuerdo con las bases y reconocen su legalidad, para que con ello la API aleguen actos consentidos.
Sin embargo gracias a ciudadanos comprometidos con la legalidad y a costa de su propio patrimonio el camino no ha sido allanado, la mayor parte de los actos de corrupción, arbitrarios, e ilegales, han sido llevados a los Tribunales.
Por ello en la última sesión del consejo de administración Alejandro Chacón hizo un llamado a José Julian Dip Leos para que eviteeste tipo de actos. Pero no se confunda que evite la judicialización de sus actos. No la corrupción.
Hacen un llamado a los ciudadanos para unir esfuerzos en el combate a la corrupción y hecha la denuncia le piden toda clase de requisitos incluidos nombres e identificación oficial de: los testigos, de los policías, de los ministerios públicos, placas, de los vehículos, tipos de mercancías, fotos, videos, etc., cuando en todo caso, si no desean hacer labor de investigación pueden citar a los indiciados o acusados y pedirles toda clase de datos.
Lo bueno que en este espacio no hemos denunciado al Chapo Guzmán por que son capaces de pedirnos que investiguemos donde anda, los localicemos y lo presentemos el día y hora que para tal efecto nos señalen.
La impunidad daña mas que la inseguridad, dice Fernando Savater.
Cada que escuchamos a Felipe Calderón con su clásico ¡YA BASTA¡ tal parece que se trata de un discurso de un candidato y no de un Presidente de la República.
Estamos ante un gobierno que no puede otorgar seguridad a los ciudadanos, ni legalidad, un Estado fallido.
Denuncia los actos de corrupción de Josè Julian Dip Leos, Director General de Api Altamira.
lunes, 16 de mayo de 2011
martes, 3 de mayo de 2011
lunes, 2 de mayo de 2011
Fraude por 400 millones involucran a Vega Casillas
Pese al mal desempeño del Secretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas, que es del dominio público, continúa en el cargo convertido en un verdadero Zar de la Corrupción.
Enfocado en la protección de distinguidos PANISTAS corruptos, en especial de la SCT y en particular en las Administraciones Portuarias Integrales, cada vez es mas obvia su complicidad en fraudes millonarios.
La obra pública, actividad noble, convertida ahora en el medio mas eficaz de allegarse recursos.
Pese a los graves señalamientos en contra de José Julian Dip Leos, Director General de API Altamira, Juan Ignacio Fernández Carbajal, API Veracruz, continúa firme su postura de omitir cualquier investigación.
A continuación el documento que revela la protección ahora al conocido pillo Agustín Basilio de la Vega, ex Delegado del Centro SCT de Veracruz, que al igual que los anterioremnete nombrados logra aferrarse al puesto con el simple hecho de cumplir con las cuota$.
Agradeceremos el contacto que puedan lograr con los sancionados para que, como es costumbre, a cambio de su valiosa información y señalamiento de los verdaderos responsables procedamos a su defensa, con la certeza del total exito en la gestión.
OPIP es nuestro programa de Orientación y Protección de Informantes Portuarios, unete a él.
Piedra en el zapato
por Lilia Baizabal
02/05/2011
Para el panista, justicia y gracia. Para el no panista, la ley a secas.
La Secretaría de la Función Pública que representa el michoacano Salvador Vega Casillas, protege al ahora ex delegado de la SCT en Veracruz, Agustín Basilio de la Vega, por su militancia panista. Pese a que fue denunciado por malversar recursos por alrededor de 400 millones de pesos, no fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), como si lo hizo en contra 6 empleados de la misma dependencia en febrero de este año.
El 11 de febrero de este año, la Secretaría de a Función Pública, a través de un boletín, informó que destituyó, inhabilitó y multó a seis funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que autorizaron pagos por más de nueve millones de pesos a obras no ejecutadas.
La dependencia dice, “con el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Comunicaciones, también se presentó una denuncia penal contra los sancionados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto uso indebido de atribuciones y facultades.”.
Detalló que una auditoría del Órgano Interno de Control de SCT detectó que los seis involucrados autorizaron pagos por nueve millones 476 mil 41 pesos con 47 centavos para la modernización del tramo Boulevard Aeropuerto–Xonacatlán, de la carretera Toluca-Naucalpan, en el estado de México, que no se había realizado.
Por lo anterior, la SFP inhabilitó por diez años para trabajar en el gobierno federal y multó con dos millones 369 mil pesos al director general del Centro SCT, Felipe de Jesús Rivera Valenzuela, y al subdirector de Obras, Miguel Angel García Cisneros.
Igual sanción fue dictada contra el residente general de Carreteras Federales, Jesús López Ramírez, y el residente de Obra, Justino de la Fuente Sánchez.
Como notan, la dependencia que dirige el panista Salvador Vega, multó con 2 millones de pesos a cada ex empleado de la SCT sancionado por malversar solo 9 millones de pesos.
Sin embargo, decide fijar la misma multa contra Agustín Basilio de la Vega, cuando enfrenta dos denuncias, la primera por pagar a la empresa Constructora del Golfo, con la que está relacionado, 400 millones de pesos por la construcción de una obra en Coatzacoalcos, trabajos que no se concluyeron . Y la segunda, por 90 millones de pesos, por parte de la empresa Leymar S.A, que tuvo que concluir esos trabajos, sin que le pagaran.
La opinión pública se pregunta por qué la SFP actúa con tanta opacidad en el caso de Basilio de la Vega, al que no solo le aplica una multa irrisoria y lo inhabilita por 10 años, sino hasta evita hacer pública, su denuncia ante la PGR como si lo hizo contra los otros ex funcionarios de la SCT, a los que encontraron presuntamente culpables por el mal uso de solo 9 millones de pesos.
Pareciera que en la SFP no miden con la misma vara a los funcionarios de militancia panista y mas los que como Basilio de la Vega, fueron durante casi 10 años, integrantes del consejo nacional del PAN.
Lástima que la administración de Felipe Calderón, sancione a medias la corrupción. Habrá que exigir a la SFP que proceda con la segunda parte que es presentar la denuncia ante la PGR para que se investigue y sancione a Basilio de la Vega porque son muchos millones de pesos los que malversó y la SCT tendrá que pagar a un particular.
Cuántas obras dejarán de ejecutarse en este año en el estado de Veracruz, porque la SCT tendrá que finiquitar los recursos al particular que denunció a Basilio ante las dependencias federales. Que lástima hayan actuado solo hasta que terceros decidieron hacer pública la enorme corrupción con que el panista, administró el centro SCT de Veracruz, de lo contrario, ahí continuaría ahí, medrando, lastimando los intereses del pueblo de Veracruz.
Y cuándo la SCT y SFP iniciará la investigación en contra de la coordinación general de los Centros SCT, a cargo de Julen Rementería del Puerto. Porque hasta donde se sabe, el jefe directo de Basilio en Veracruz, es el ex alcalde de Veracruz, mismo al que le correspondia, revisar la ejecución de obras y presupuestos que año, con año, se autorizan por parte del poder legislativo para la entidad.
Se duda y mucho que solo Basilio esté involucrado en este escandaloso caso de corrupción. O también habrá protección para Rementería, tan solo porque operó para el ahora secretario particular en los Pinos, en la elección interna por la renovación del comité ejecutivo nacional que llevó al triunfo a Gustavo Madero. Es pregunta. Habrá que ver hasta dónde la federación esta dispuesta a combatir frontalmente la corrupción en la administración pública, que sin lugar a dudas, ya superó a la del panista Vicente Fox...
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